Vodafone roba 9 millones de euros a sus clientes en dos meses

Este podría ser el titular de un diario de tirada nacional en un país democráticamente vigoroso y constitucionalmente alerta.

Hace aproximadamente dos meses, cuando hacía una perdida a mi novia para indicarle que había llegado bien a mi destino, en lugar del habitual contestador que indicaba desconexión o ausencia de cobertura, me respondió una voz mecánica invitándome a dejar un mesaje de voz que sería transcrito a un sms que le llegaría al titular de la línea desconcectada o inaccesible en esos momentos. Me ocurrió aproximadamente cuatro o cinco veces, en cada una de las ocasiones en que telefoneé a colegas con números Vodafone y estos tenían el móvil desenchufado. Escamado ante este nuevo servicio unilateralmente impuesto por la compañía a sus clientes sin su consentimiento, procedí a darme de baja en él, ya que sospechaba que era de pago. Ocurrió lo de siempre: derivaciones de llamadas a plantas de teleoperadores instaladas en Latinamérica, desconocimiento del problema por parte de los asistentes, personal sin preparación que esquiva y llega a colgar a los clientes... En fin, más de una hora hasta que por fin me desconectaron el servicio tras dos intentos fallidos y otro que creí efectivo, aunque comprobé que fue simplemente un engaño.

Alerté de esta triquiñuela a compañeros y amigos con números Vodafone. Uno de ellos llamó expresamente para informarse, recibiendo como respuesta que el servicio, siempre que no se usase dejando el mensaje de voz (después transformado en un sms), era totalmente gratuito. Y hoy leo en la prensa digita, en una noticia arrinconada, que Vodafone ha estado cobrando 'por error' a sus clientes llamadas a teléfonos apagados y fuera de cobertura con el dichoso Dicta SMS. La devolución -¡oh desgracia!- no se realizará de oficio, sino que habrá de ser solicitada expresamente por el interesado con indicación expresa de cuáles son las llamadas facturadas indebidamente. El problema es que, a no ser que uno sea tan previsor como para apuntar en un cuaderno sus incidencias telefónicas, tales llamadas son ilocalizables por indistinguibles de las restantes conexiones de pocos segundos.

Total, un fraude a gran escala de unos pocos millones de euros, atendiendo al número de clientes y al coste de cada una de esas llamadas falsas. Como ayer decía, se saca aquí provecho de la consabida pasividad como actitud que se presupone (acertadamente) en el hombre cuando tiene el estómago lleno. No creo que supere el 10% la proporción de clientes cabreados que exigan sus tres o cuato euros robados. Tampoco creo que la multa estatal por activar servicios sin consentimiento o por cobrar indebidamente llegue siquiera al 10% de la pasta ganada en pocas semanas. Todos estamos, en definitiva, inermes ante situaciones como esta, para nada inusuales.

Los límites del constitucionalismo

Una acepción ética del constitucionalismo entiende esta forma política de la modernidad como garantía de los derechos frente al poder. Hermann Heller, pensador judío y socialista que falleció exiliado en España hace justo 75 años, entendía que el constitucionalismo moderno no podía significar exclusivamente la defensa de la libertad frente a las prerrogativas del poder de los señores pues esta práctica en favor de la autonomía databa al menos de la Edad Media. El signo diferencial del constitucionalismo moderno radicaría, por el contrario, en la plasmación democrática de un programa de transformación social inspirador de la acción política y compuesto de valores socialmente acuñados. Y creo que no le faltaba razón en su intento de diferenciar liberalismo y constitucionalismo. El primero se concreta siempre en una forma de limitacion del poder político establecido; el segundo, en cambio, además de límites, habilita al poder y es fuente de autoridad. Pero concedamos, de cualquier modo, que es inherente al constitucionalismo marcar fronteras al poder.

El problema surge cuando el poder sólo se entiende como agencia o institución política, pues de esta forma nos deslizamos siempre por la pendiente liberal dejando atrás la propiamente constitucional. Que el poder se manifieste sólo a través de la política y que, sin embargo, sea una entelequia inexistente en el terreno estrictamente social es la premisa básica de toda forma de liberalismo, para el cual las concentraciones de poder e influencia en muy pocas manos, si se producen en el tablero de la sociedad, son sólo fruto de la concurrencia entre las aptitudes de hombres libres y naturalmente iguales entre sí. Pues bien, hasta que el constitucionalismo no vuelva a concebirse también como habilitación del poder político frente al poder social los ciudadanos, y con ellos su libertad individual, queda inerme frente a los agentes económicos de los que dependen factores básicos para su supervivencia. Que no exista un movimiento unánime y atronador que reivindique constantemente esta necesidad de protección no significa, como los liberales quieren, que tal necesidad no exista, sino sencillamente que el hombre, por propia inercia natural y, después de los fascismos, por pura descreencia política, no se mete en líos aunque estén despellejando al vecino de enfrente. Sobre esta (innoble) cualidad humana opera constantemente la organización social actual, potenciando un individualismo empobrecedor y obstruyendo cualquier canal capaz de solidarizar a quienes arrastran una existencia alienada.

Toda esta palabrería sería impertinente si no tuviese su correspondiente corroboración empírica. Como sabéis, casi de cualquier teléfono fijo corporativo debe marcarse el 0 para poder realizar llamadas al exterior. Pues bien, si eres usuario de ONO y, por puro automatismo, marcas algún día en tu casa primero el 0 para después comenzar a teclear el número de destino comprobarás que antes de llegar a la tercera cifra te saldrá una voz metálica dándote las noticias de última hora. ¿Por qué? Pues porque si marcas el 095 te conectas al noticiario de Radio Nacional. Y hoy he sabido cuánto cuesta el equívoco: 1€ aprox. por 5 segundos. ¿Qué os parece? ¿Será pura coincidencia quizá? ¿Y a quién acudir por los atropellos diarios sufridos por cualquier ciudadano por parte de quienes nos suministran los servicios básicos para tirar adelante...?

La propaganda en Público

Creo que comencé a tener uso de razón política allá por los dieciocho años. Recuerdo que poco después de comenzada la licenciatura la lectura de la prensa era ya una costumbre cotidiana. Quizá no podía ser de otra forma procediendo de una familia en la que se compraban dos periódicos a diario (El País y Diario 16). El caso es que precisamente en aquellos años (1994-1996), un mínimo de decoro, de independencia y de ética exigían cuanto menos mostrar cierta incomodidad ante la tibieza contemporizadora del diario de Polanco con los GAL, la corrupción y la retórica gonzalista. Fui, en efecto, uno de tantos progresistas atraídos por un diario que entonces era heterogéneo, combativo y arriesgado: El Mundo.

Poco menos de tres años duró aquel romance. Recuerdo perfectamente el día de la ruptura. Otoño del 2000, estaba en mi primera estancia en Madrid, viajaba en un autobús de línea desde El Retiro hasta Atocha y, como no podía ser menos, la sospecha de la función política desempeñada por el diario de Pedro J. era ya casi una certeza. Voces discrepantes, firmas minoritarias, defensores de la independencia vasca y demás personajes que habían poblado sus páginas ya estaban ausentes de un periódico contraído a posiciones conservadoras y ultraliberales. El titular de aquel día -también lluvioso, como el de hoy- acusaba a una corporación municipal abertzale de no se qué complacencia con el terrorismo. Bastaba irse al interior y leer la noticia in extenso para apercibirse de que lo proclamado en la portada era sencillamente mentira, un leño más arrojado al fuego del antinacionalismo vasco, consigna política fundamental del aznarismo.

La vuelta a El País nunca fue convencida. Aprecio más el rigor, la convicción y la transparencia que la fullería, el interés y la conveniencia. De hecho, sólo he simpatizado con Zapatero cuando fue acribillado por PRISA por tratar de introducir algo de diversidad al mercado mediático de la izquierda. El caso es que andaba uno huérfano de prensa desde hacía tiempo cuando por fin se le ocurrió a alguien pensar que esa era la situación de muchos lectores de periódicos. Acogí por eso con entusiasmo la salida de Público.

Presta voz este periódico a periodistas y escritores sin espacio propio en la oligarquía mediática española. Los dos únicos links que puedes encontrar en este blog intermitente conducen a las webs personales de dos ejemplos claros de ello. La sección de Dominio Público de dicho diario también es toda una muestra de lo que digo, con artículos de Belén Gopegui, Fernández Liria, Pizorruso, Amador Fernández Savater (bien diferente de su progenitor) o Rafael Escudero. No desmerezco, por tanto, el proyecto en su conjunto.

Pero titulares como el de hoy, tras una campaña de escoramiento absoluto, burdo y torpe hacia el PSOE, hacen que vuelva la triste sensación de horfandad. Así reza, en tipos bien grandes y legibles: ESTIRAR LA HIPOTECA SERÁ GRATIS PARA TODOS. Sólo debemos avanzar una sola página para descubrir la letra pequeña de la medida 'socialista': "El primer paso es solicitar la ampliación de los plazos del préstamo al banco, que lo puede denegar si no lo considera pertinente".

El problema no es la propaganda de la medida de Solbes, sino el grado de inteligencia que estas actitudes presuponen al lector. Mal vamos si el diario que nacio postulándose como independiente, ilustrado y de izquierdas cree que sus seguidores somos adeptos, acríticos y modelables.